El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar el Real Decreto-Ley por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Por tanto, se ordena la paralización de todas las actividades consideradas como «no esenciales» desde mañana lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril, ambos incluidos. Entre ellas, la construcción al completo y gran parte de la industria. En el siguiente enlace se puede consultar el Boletín y la relación de trabajos que deberán parar desde las 00 horas de este lunes. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 29-03-20 No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real decreto-ley, y por tanto, seguirán trabajando con normalidad, las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena: 1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas. Es decir, se refiere a los diferentes sectores del comercio minorista autorizados el pasado día 14. 2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final. 3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio. 4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios. 5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo. 6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma. 7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población. 8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas. 9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas. 10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales. 11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución. 12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros. 13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos. 14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género. 15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse. 16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes. 17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria. 20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua. 21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos. 22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal. 23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios. 24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia. 25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

Los datos del paro en Cantabria registraban al cierre de febrero 38.873 desempleados inscritos en las oficinas del EMCAM. La crisis del coronavirus va a dejar decenas de miles de parados más, entre Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), despidos y ceses de actividad para profesionales, autónomos y PYMES. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha recibido desde el pasado 10 de marzo un total de 5.262 solicitudes de ERTE, de los que están en trámite 625 y resueltos y comunicados 350. Del total de estos 625, por causa de fuerza mayor son 597 y otros 28 por otras razones económicas, productivas y organizativas (también derivadas de la pandemia, pero de manera indirecta) y afectan 4.500 trabajadores aproximadamente. Según informa la Dirección de Trabajo, para los ERTE de fuerza mayor el número de días de suspensión es de 30 como indica la norma, y entre tres y cuatro meses, para el resto. Hostelería, servicios de restauración y catering a instituciones, y pequeño comercio son los sectores con más expedientes tramitados y se estima que también del total de los presentados. Estos datos tienen carácter estimativo, ya que se siguen recibiendo a diario solicitudes de tramitación que se presentan vía telemática. La Dirección General ha simplificado los trámites y ha puesto a disposición de las empresas toda la información a través de su página web (www.dgte.cantabria.es). A falta de los datos exactos que se obtengan según se vayan tramitando los expedientes, se estima que, a día de hoy, en torno a 15.000 trabajadores pueden estar afectados por los ERTE presentados, como consecuencia del COVID-19. Por lo que respeta a los ERTES, se han flexibilizado los mecanismos para evitar despidos, dando prioridad al mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos. El director general de Trabajo ha querido mandar un mensaje de “tranquilidad” a todas las empresas, trabajadores y organizaciones sindicales, ya que, “pese a que se trata de un volumen muy alto, los expedientes se están tramitando con todas las garantías y el servicio está funcionando correctamente”. También ha señalado que las resoluciones se están comunicando con normalidad al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y ha recordado que los expedientes tienen carácter retroactivo desde el 14 de marzo y no hay plazo de presentación. Toda la información se ha puesto a disposición de las empresas en la página web de la Dirección de Trabajo (www.dgte.cantabria.es).