El Pleno Extraordinario celebrado esta mañana, a petición del Grupo Municipal Regionalista, ha rechazado la propuesta para que el Ayuntamiento adquiera un terreno de la Junta Vecinal de Mioño (gobernada por el PRC) en el Monte Cueto o el polideportivo Anita, con el fin de subsanar la deuda de la entidad local menor, que asciende a cerca de 1.700.000 euros. Únicamente ha votado a favor el propio PRC, se ha abstenido CastroVerde y en contra el resto de grupos: Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. El edil de Podemos no ha asistido a la sesión. En la exposición de motivos de la propuesta, la concejala del PRC, Carla Urabayen, ha aludido a la Comisión de Hacienda celebrada el pasado viernes sobre este asunto y que ha calificado de “contradictoria y podría resumirse en caos y desinformación”. De las informaciones técnicas “se desprende que no existe ningún obstáculo legal para la compraventa, salvo el tema competencial que asumimos y, por tanto, entendemos que el Pleno puede proponer a la Alcaldía, que es la competente, que inicie los trámites oportunos para perfeccionar la propuesta”. Urabayen se ha preguntado, “si resolver este asunto estaba en manos de la alcaldesa, ¿por qué no lo ha hecho antes si depende de ella?”. El PRC cree que “el motivo es que no le interesa solucionarlo. Si inicia por Decreto la compraventa del Monte Cueto, por ejemplo, queda en evidencia que la responsable de generar la deuda ha sido, en parte, ella. Si deja pasar el tiempo sin responder a las posibles soluciones, la responsabilidad pasaría a ser del actual presidente de la Junta Vecinal, Asier Laforga, y se diría que ha estado cuatro años sin hacer nada, cuando sabemos que no es así. Hay mucho interés en que la junta desaparezca y esto debería ser una cuestión política más que técnica”. Ha insistido en que “este equipo de Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y les conviene barrer los problemas bajo la alfombra, cuando deberían decir de qué manera podemos remediar la pésima gestión de los últimos tres alcaldes socialistas que han pasado por Mioño, entre ellos Susana Herrán”. Eduardo Amor (CastroVerde) ha afirmado que “viendo los informes técnicos, la propuesta que hace la Junta Vecinal no tiene cabida porque no cuenta con el respaldo técnico”. Aun así, “por lo menos, hace que tengamos que hablar de ello, algo que no se ha hecho en toda la legislatura, cuando hay cuatro juntas vecinales (Mioño, Ontón, Sámano y Otañes)  afectadas por una deuda del agua que tienen que abonar al Ayuntamiento”. Podría haber una vía “quizá si el Ayuntamiento necesita adquirir esos bienes y no con la única justificación de solventar directamente la deuda”. Por parte del PP, Ana Urrestarazu, entiende que “se habla del final y no del principio y hay que ponerse en situación”. Se ha referido, como uno de los problemas de la situación de Mioño, a la “famosa” deuda del agua con el Ayuntamiento. “Se firmaron convenios con las juntas por los que el Ayuntamiento daba un dinero a cambio de sus infraestructuras del agua. En la cláusula cuarta se decía que la subvención debía tener como destino inversiones y, sin embargo, ahí comenzaron las fiestas y las chorizadas y, después, justificar lo injustificable”. Ha recordado que fueron 584.000 euros los que recibió Mioño, “una Junta gobernada por el PSOE durante muchos años, heredando cargos de padres a hijos y demás familias. Además del tema del agua, se contrajo una deuda importante con entidades bancarias y proveedores musicales a los que se contrataba y no pagaba”. Ahora gobierna el PRC, y “dos años y medio, después se enteran de que hay una deuda agónica en Mioño y que hay que entregar las llaves de la Junta. En los cuatro años que estuvo de vocal Asier Laforga no se enteró de nada. Cuando se presentó a las elecciones, ¿qué les decía a los vecinos de cómo iba a pagar la deuda?”. A todo esto, ha añadido que “la propuesta de Mioño es ilegal y excede de nuestras competencias”, pero Urrestarazu ha tendido la mano al PRC “para tratar de colaborar en posibles soluciones, y no presentar propuestas descabelladas como ésta”. José Mari Liendo, concejal de Ciudadanos, ha lamentado que “no se está buscando una solución, sino la confrontación, porque cuando la amenaza de entrega de llaves va por delante, estamos haciendo algo mal. Creo que falta pulso político. El informe de la secretaria es claro y es una solución no válida. Sentémonos, negociemos, escuchemos las posibles soluciones y trabajemos en la búsqueda de una solución efectiva, dejando de lado la batalla”. El regionalista Jesús Gutiérrez, en la segunda intervención de su grupo político, ha especificado que, de la deuda total de casi 1.7 millones que tiene Mioño, “un millón lo debe al Ayuntamiento y el resto a otros acreedores”. Ha recordado que “el Tribunal de Cuentas está investigando lo que ha pasado en la junta durante tantos años de gestión socialista” y, en este sentido, ha criticado que “el secretario interventor de juntas no quiere hacer un informe que le ha pedido este tribunal. No lo hace porque prefiere que le tiren de las orejas a hacer un informe en el que tiene que decir lo que ha pasado de 2012 a 2019, poner nombres y señalar que los presidentes de la junta no quisieron que los vecinos y representantes políticos tuviese información”. Ha defendido también que “es la primera vez que un alcalde pedáneo de Mioño quiere pagar y para ello pone dos activos. El único informe en contra es de la secretaria y se puede subsanar el error.  Aquí venimos a arreglar el problema”. Ha dejado claro que “el que le dice a Laforga que no va a poder con la situación y va a tener que entregar las llaves es el secretario interventor”. Ha finalizado señalado que “hay irregularidades y veremos si esto no va a más y puede ser un acto de corrupción”. La alcaldesa, Susana Herrán tiene claro que “se trae este punto a pleno, más que por dar una solución, por esa batalla que tiene el PRC contra el PSOE y contra mi persona”. Ha señalado que “la deuda de Mioño viene como consecuencia de la subvención del agua y su devolución, la misma situación que Sámano, Ontón y Otañes”. A la alcaldesa le parece “una falta de respeto absoluta las acusaciones de los regionalistas hacia un técnico habilitado nacional que está para velar que se cumpla la ley”. Ha afirmado que “no se está investigando absolutamente nada por parte del Tribunal de Cuentas” y ha recordado que “siendo Tomás Ortega alcalde pedáneo en la pasada legislatura, el PRC denunció a Mioño ante ese Tribunal y fue archivado. Sí que pide las actas, pero también de los dos años en los que lleva gobernando Laforga”. Se ha referido a que “siendo yo alcaldesa pedánea se estableció un calendario de pago para reducir la deuda en 130.000 euros. Se dejó de cumplir en julio de 2019, casualmente cuando toma posesión Laforga. Y ahora, en septiembre de 2021, quiere pagar. Se han mantenido reuniones con los alcaldes de las juntas afectadas por el agua desde el primer momento, en estrecha colaboración, para solucionar el problema”. La alcaldesa ha criticado que Laforga “no ha gestionado en estos dos años nada, y podría haber recursos hasta 714.000 euros si hubiera seguido con la reclamación de 500.000 euros a una empresa que debe esa cantidad a la junta, arrendar un piso por 350 euros al mes, la subasta del centro social por 500 euros al mes, o dos terrenos que tiene valorados en 120.000 euros. No ha hecho nada y entregar las llaves es la ‘valentía’ que tiene”. Ha añadido que “ha despedido a los dos peones de la junta porque no puede pagar a sus deudores, pero contrata a una asesora personal, porque la necesita”. Para terminar, ha reiterado que “es ilegal adquirir los bienes y así lo han dicho los técnicos”.