Según la Asociación de Policía Local y Bomberos (APLB), «el pasado domingo en las pedanías, principalmente en Oriñón, Sonabia e Islares, vivieron un caos circulatorio ocasionado por la masiva afluencia de vehículos sin respetar la señalización y con algunos conductores con una total falta de civismo». Así lo indican en nota de prensa. Ante la indignación vecinal, «APLB se ve en la necesidad de manifestar que entendemos perfectamente su frustración e impotencia ante la falta de respuesta para solucionar lo que vivieron y viven, desgraciadamente, en muchas ocasiones. Pero para analizar la situación en su justa medida, buscando las responsabilidades donde realmente corresponde, es importante conocer cómo se desarrolló el turno de mañana de la Policía Local». Relata el sindicato policial cómo «entre las 6 y las 14 horas del domingo, el servicio se planificó para ser prestado por tres policías en todo el término municipal. Uno de ellos atendiendo a los ciudadanos en la base policial y desbordado con decenas de llamadas tanto del casco urbano, como de las pedanías. Los otros dos policías formaban la ÚNICA PATRULLA para dar respuesta a todos esos requerimientos». «En una situación así», según APLB, «con un casco urbano en el que podría estimarse la presencia de unas 80.000-90.000 personas, es fácil entender que no fue posible que esa única patrulla de la Policía Local se desplazase a las pedanías. Es inviable prestar un servicio mínimamente aceptable en éstas condiciones. La mañana de un domingo de verano comienza con el control de cierre de locales de ocio, habitualmente con presencia en la vía pública de personas en condiciones deplorables tras el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias, en ocasiones con peleas o situaciones similares, y continúa con múltiples requerimientos ciudadanos por situaciones tan comunes como vehículos dificultando la circulación, paradas de bus o plazas para personas con discapacidad, perros sueltos, colocación irregular de terrazas, las normas relacionadas con el Covid-19 como el cierre de playas o uso de mascarillas, a lo que se añaden situaciones que surgen a menudo: accidentes con o sin heridos, alcoholemias, obras, conflictos vecinales…». El problema suscitado principalmente durante los domingos de julio y agosto «no es nuevo», para APLB. «Se repite en mayor o menor medida desde hace más de una década y es conocido por los responsables policiales y políticos. El caso de Oriñón y Sonabia es especialmente destacable, ya que a la afluencia masiva de vehículos para acudir a las playas, se une la celebración del mercadillo semanal. Pero la adopción de medidas por las Administraciones brilla por su ausencia». A pesar de que un Decreto de Alcaldía establece, para servicios como los domingos por la mañana, la presencia mínima de dos patrullas de servicio, «se viene incumpliendo desde hace años», indica la Asociación de Policía Local y Bomberos, «cuestión informada internamente por activa y por pasiva desde APLB. En 2019 ya ocurrió una actuación en una reyerta un domingo por la mañana, en la que varios policías resultaron heridos. En aquella ocasión se encontraban de servicio dos patrullas. Si sucede algo similar con una única patrulla, ¿quiénes serán los responsables de esa planificación?». «Entendemos el hastío de los vecinos y su organización en plataformas vecinales», insiste APLB, «pero creemos que, en algunas ocasiones como puede ser ésta, determinadas exigencias no se plantean ante los verdaderos responsables. El pasado viernes 3 de julio, pese a no celebrarse la fiesta de Coso Blanco, el casco urbano fue escenario de celebraciones juveniles de magnitud similar a años anteriores, con gran afluencia de personas provenientes de otros municipios. Esto era previsible, aun así no se reforzó el servicio de noche como se ha venido haciendo otros años. La consecuencia fue una noche plagada de reyertas, agresiones, destrozo de mobiliario urbano, botellones masivos sin cumplir ningún tipo de medida en relación con la transmisión del Covid-19, etc. Los policías locales de servicio, junto a los efectivos de la Guardia Civil, apoyándose en patrullas conjuntas, intervinieron en todos los incidentes en los que les fue posible, desalojando a cientos de jóvenes de la zona de San Guillén, colaborando con el 061 en la asistencia a varios heridos…». Para este sindicato policial, «Castro Urdiales es, probablemente, un caso único entre los municipios de más de 30.000 habitantes del país. Hace 16 años que no se incorpora un nuevo policía local. Además, durante esos 16 años, la plantilla, que ya no cumplía el ratio recomendado legalmente de policía por número de habitantes, ha visto cómo prácticamente el 25% de sus efectivos se han jubilado o han pasado a la situación de segunda actividad. Un simple dato comparativo: Torrelavega supera los 90 efectivos, mientras que Castro no llega a 40, con sólo 32 para prestar servicio en la calle». Concluye APLB indicando que «lleva años solicitando soluciones, denunciando todo esto internamente o en medios de comunicación, ante la falta de respuesta de sucesivos gobiernos municipales. Esto nos ha supuesto, entre otras cosas, que uno de nuestros representantes en el Ayuntamiento y a nivel autonómico tuviese presentar una denuncia por acoso laboral e incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, resultando condenando el Ayuntamiento primero en el Juzgado de lo Social y después en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como informamos recientemente».