4 OCTUBRE 2018 / El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el II Plan de Emergencia Social de Cantabria 2018-2020. Un proyecto que supondrá el desarrollo de 126 medidas durante los próximos tres años para atender a las personas y familias que no cuentan con ingresos económicos estables o que, en la mayoría de los casos, no resultan suficientes para hacer frente a esas necesidades. En su primer año de desarrollo contará con un presupuesto de 93,6 millones de euros, lo que supone un incremento presupuestario de unos 8 millones frente a los 85,7 millones con los que contó el año pasado. El nuevo Plan, se estructura en cinco líneas estratégicas para garantizar unos ingresos mínimos mediante la Renta Social Básica y la prestación económica de emergencia social, y garantizar el acceso a suministros básicos, con un programa de garantía alimentaria, otro de suministros básicos y uno de garantía habitacional. También promueve medidas que repercutan y mejoren los programas de inclusión social, laboral y comunitaria, garantizar el acceso a los servicios de salud, así como la movilidad. A todo ello hay que sumar una serie de medidas transversales de apoyo, tales como el desarrollo de la Red Cántabra de Apoyo a las Personas y Familias en Situación de Emergencia Social; un desarrollo socialmente sostenible; actuaciones específicas para la detección y lucha contra la pobreza infantil, y el seguimiento y evaluación del Plan. «Este nuevo Plan surge del compromiso que, como Gobierno, tenemos con todas las personas y familias que están viviendo una situación de vulnerabilidad económica y social», ha subrayado la Vicepresidenta del Gobierno, Rosa Eva Díaz Tezanos, quien ha precisado que este proyecto, «además de procurar una mayor autonomía a estos colectivos, pretende definir un catálogo de prestaciones económicas o de servicios sociales; mejorar la orientación de las políticas públicas, y dar una respuesta adecuada y digna a las personas que peor lo están pasando». Además, ha continuado, «tratará de incorporar las ventajas y potencialidades del fenómeno del Gobierno abierto y la innovación en la gestión pública para mejorar la calidad del Gobierno y de los servicios que recibe la ciudadanía». La vicepresidenta ha puesto en valor que el nuevo Plan de Emergencia Social «atiende las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea a la hora de adoptar y aplicar medidas necesarias para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, a la vez que aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado laboral». El público objetivo de este proyecto va más allá de los perfiles más tradicionales de la pobreza y la exclusión social, incluyendo los problemas que experimentan las personas trabajadoras que se encuentran al borde del umbral de pobreza, en una situación de desequilibrio y de entrada y salida de la pobreza. El Plan también cuenta entre sus prioridades con la lucha contra la pobreza infantil y para ello propone medidas dirigidas a la infancia y la adolescencia en situación de riesgo o exclusión social, «intentando evitar, en la medida de lo posible, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la pérdida de capital humano». La vicepresidenta ha reconocido la implicación y la firme apuesta de buena parte de las consejerías del Gobierno en el desarrollo de las acciones de inclusión social que plantea este II Plan. «Integrar la gestión y mejorar la coordinación de los ámbitos social, sanitario, educativo, de empleo y de vivienda resulta fundamental», ha remarcado Díaz Tezanos. Finalmente, ha explicado que la puesta en marcha de este proyecto responde a que el Gobierno de Cantabria no debe «bajar la guardia» ante los «esperanzadores datos» que arroja la última Encuesta de Condiciones de Vida 2017, en la que se desprenden conclusiones «interesantes» como que, «por tercer año consecutivo, la renta media de los hogares cántabros sigue creciendo, disminuye la tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social y baja el número de hogares que se encuentran en una situación de carencia material severa».