Los seis concejales del PRC en el Ayuntamiento de Castro han registrado la solicitud de un pleno extraordinario con el fin de “dar la importancia que tiene y buscar soluciones a la posible desaparición de la Junta Vecinal de Mioño”. Así lo ha señalado en declaraciones a Castro Punto Radio en las instalaciones de la Junta el portavoz de los regionalistas en el Ayuntamiento y secretario general de la formación política en Castro, Jesús Gutiérrez. El Ayuntamiento está obligado a convocar este pleno, en un plazo de 15 días hábiles, al haberlo solicitado un cuarto de concejales de la Corporación. De no hacerse, se celebrará automáticamente al décimo día hábil siguiente. El presidente de la junta, Asier, Laforga ha explicado que, en base a un informe del secretario interventor de juntas de agosto de 2020, “la deuda es de 1.676.397 euros, derivada de la devolución al Ayuntamiento de la subvención concedida en su día por el acuerdo de cesión de las instalaciones del agua y de otros acreedores a los que se hace mención en dicho informe”. La propuesta de Laforga para salvar la junta y, por tanto, la que defiende el PRC en su petición del pleno extraordinario, consiste en que “el Ayuntamiento adquiera uno de los dos bienes que la junta ofrece: 291.173 metros cuadrados en el Monte Cueto o el polideportivo ‘Anita’. “Cualquiera de los dos bienes supera el valor de la deuda de la junta”. Laforga tiene claro su objetivo de “salvar la junta”, pero ha sido tajante a la hora de afirmar que, “sea como sea, el Ayuntamiento va a tener que ponerle solución”. Y es que, “si no sale adelante en el pleno la adquisición de cualquiera de los dos bienes que ofrecemos, yo entregaré las llaves de la junta al Ayuntamiento y que se encarguen ellos”. El alcalde de Mioño ha criticado “las dificultades que me encontrado desde que entré en la junta, para que el secretario interventor me informara sobre la situación de las cuentas. Desde que llegué a la Presidencia en 2019 he estado solicitando el informe pertinente, que no me llegó hasta agosto de 2020. Hasta entonces, sólo sabía lo que iba recabando en los Juzgados, a los que tenía que acudir por acreedores que querían cobrar”. Ha dejado claro que “mi compromiso con los vecinos es el de la transparencia y dar luz a la oscuridad que ha habido en una década con gestión del PSOE”. Gutiérrez ha hablado de “problema económico importante”. Ha reconocido que “algo nos podíamos imaginar por la deuda del agua con el Ayuntamiento, pero nunca pensamos las piedras en el camino que nos hemos encontrado para que se nos haga un informe diciendo la situación de las cuentas de la junta. Ha sido algo esperpéntico”. Ha trasladado que en julio de 2020 “animé a Laforga a dimitir porque no se podía hacer responsable de las deudas pasadas. Le dije que se la estaban liando para que fuera responsable a futuro no dándole los informes”. Se buscó “una solución intermedia” que fue “acudir a una abogada y todo cambió. Al mes siguiente tuvimos el informe del estado de las cuentas. Ese documento dice que la deuda es de 1.676.397 euros, pero que hay otros gastos. No había informe sobre la deuda total, pero curiosamente sí constaba uno en el que se decía que se pagasen 21.538 euros al expedáneo Víctor Echevarría en indemnización por un pleito que había tenido estando en la junta. No había un euro, pero el interventor quería que se pagase a uno de los responsables de la situación por la que atraviesa Mioño”. Según Gutiérrez, “el secretario interventor ha sido un instrumento necesario para la opacidad y para que no se sepa la verdad”. De hecho, “en la comisión informativa previa al pleno vamos a pedir que esté el secretario interventor para que nos diga cuáles son los otros gastos porque sabemos que hay más de 8.000 euros de una acreedora que es la alcaldesa de Castro. De cuando trabajaba en la junta y su marido prescindió de sus servicios”. El secretario general del PRC en Castro ha insistido en que “no está aún todo transparente” y ha apelado a todos los partidos políticos para que apoyen lo solicitado en el pleno extraordinario, “sobre todo al PSOE como culpable de esta situación”. En la solicitud de pleno se pide, por otro lado, “reprobar la gestión de los presidentes de la Junta Vecinal que han generado la deuda o no han ejecutado sus obligaciones, que no eran otras que pagar las deudas contraídas con las administraciones y los distintos proveedores”.