El pleno ha aprobado esta mañana, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos (Cs), CastroVerde y PRC, el voto en contra de Podemos y la abstención del PP, una modificación extrajudicial de créditos para pagar facturas pendientes relacionadas con el servicio de mantenimiento de parques y jardines y con la pista de pump track construida en Cotolino. La concejala de Hacienda, Nereida Díez, ha explicado que “se abonarán dos facturas a la empresa de jardines, de 21.900 euros cada una de ellas, emitidas desde que se acabó la prórroga del contrato”. El asunto relativo a la pista para bicicletas en Cotolino ha sido el que más debate ha generado, centrado fundamentalmente en las críticas a la gestión realizada por el anterior concejal de Deportes, Humberto Bilbao ya que, según consta en el informe del interventor, la contratación se realizó “sin cumplirse el proceso legalmente establecido”. Díez ha detallado que la obra se adjudicó por un importe de 47.735 euros, a lo que hay que sumar dos facturas adicionales a otras dos empresas, por importe total de 15.058 euros  y relativas a la adquisición de grava a Canteras de Santullán (5.274 euros) y alquiler de maquinaria a Transportes Mariur (9.784 euros). Éste es el importe cuyo pago se ha aprobado hoy en el Pleno. La edil ha recordado lo recogido en el informe del interventor en cuanto a que “no se siguió el proceso legalmente establecido, superando el importe de un contrato menor”. En cualquier caso, “ese suministro de grava y maquinaria se realizó y, si no se paga, estaríamos incurriendo en un enriquecimiento ilícito de la administración”. La concejala ha añadido que “son obras que se han realizado sin que ningún técnico sea el encargado de su supervisión” y ahora se ha solicitado un informe a la técnico de Obras y se va a requerir a la empresa adjudicataria “para que termine aspectos que están sin finalizar y poder recepcionar la pista y abrirla”. El portavoz de Ciudadanos, José Mari Liendo, comparte que “hay que pagar esas facturas porque los servicios se han realizado”. Entiende que “se decide evitar aumentar el contrato menor saltándose las leyes de contratación, pero hay que cumplir con las obligaciones y proceder al pago”. En la misma línea se ha pronunciado Ana Urrestarazu (PP), que ha añadido que “no es la primera vez que nos vemos en una situación de este tipo debido al mismo concejal, que es reincidente y quizá sea ése el mayor problema. Era una rutina en esta persona la forma de contratar”, en alusión a Humberto Bilbao. El portavoz de Podemos, Alberto Martínez, también considera que los servicios prestados hay que pagarlos, pero ha votado en contra en este punto porque “no se han seguido los trámites legales y parece que la obra puede estar fraccionada, cuando debería haberse considerado una obra mayor que tendría que haber seguido otro procedimiento. La duda sobre la legalidad en este asunto está justificada” y, por tanto, ha pedido que sea investigado por el departamento jurídico. “Hay que pagar pero, hacer esto sin más, podría sentar un precedente de impunidad peligroso”. El discurso del PRC no ha sido tan crítico. Carla Urabayen ha afirmado que “errar es humano y todos nos hemos equivocado en algún momento y no pasa nada si podemos encontrar la solución”. Ha mencionado “dos fallos que se detectan para tratar de minimizarlos a futuro: este gasto no se ha atenido al procedimiento legal establecido para este tipo de contrataciones que superan el importe de un contrato menor, y sería conveniente que no se cuele el pago de facturas sin estar previamente aprobadas por los grupos”. A todas estas intervenciones ha contestado el edil de CastroVerde, Eduardo Amor, que ha defendido que “el Ayuntamiento tiene que pagar por los servicios prestados, independientemente del proceso de contratación”. Ha argumentado también que “la concejala de Hacienda se ha olvidado de decir lo que señala el informe del interventor en cuanto que una de esas facturas, la de 9.000 euros, se pagó en julio sin estar aprobada en el pleno. Se dice que lo de Humberto ha sido un error y esto creo que es bastante más grave”. Ha defendido que “el concejal contrató a alguien sin que nadie le advirtiera de que no se podía. Además, el propio dictamen del punto señala que el gasto se imputa a un determinado proyecto. ¿Quién los imputa? Porque el concejal no hace la contabilidad, sino los servicios de Intervención”. Amor se ha referido también a que “muchas veces en el Ayuntamiento, por sacar adelante asuntos necesarios, se hace deprisa y no se sigue estrictamente el procedimiento”. Ha finalizado señalando que “esa pista de pump track está hecha y no puede ser que, por intentar buscar un argumento político a arrojar al anterior gobernante, haya estado cerrada durante todo el verano”. La última en tomar la palabra antes de proceder a la votación ha sido la alcaldesa, Susana Herrán, que ha respondido que “si la pista no se ha abierto es sólo responsabilidad de CastroVerde”. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL CASTROBÚS Por unanimidad de todos los grupos políticos se ha aprobado una moción de urgencia presentada por el equipo de Gobierno con el fin de aprobar el expediente de modificación del contrato del Castrobús para introducir los nuevos horarios que permiten a los vecinos de los pueblos estar en el casco urbano antes de las ocho de la mañana. Los partidos de la oposición han coincidido en criticar las formas en las que este asunto llega a pleno, “convocando una junta de portavoces el día antes y cuando este nuevo servicio se ponía ya en marcha ayer”. La mayoría ha defendido que “sabiendo desde comienzos de septiembre que esas modificaciones se iban a llevar a cabo, se debería haber celebrado una comisión informativa para que todos los grupos políticos tuviéramos los datos”. Los partidos del equipo de Gobierno han pedido disculpas por el modo en el que el asunto se ha introducido en el Pleno y han reconocido que “no es como nos hubiera gustado”. Sin embargo, “el problema es que entendíamos que se podía tramitar mediante decreto de Alcaldía y los técnicos nos han dicho que debe pasar por Pleno”. Todos los partidos han apoyado estos cambios como positivos para la ciudadanía. Algunas formaciones, como el PP, han pedido que se sigan revisando necesidades “en zonas como Islares, Cerdigo y Oriñón donde los servicios por las tardes se quedan cortos”. Los populares consideran también importante que se ponga en marcha el servicio Búho, al menos los sábados. Por parte de los concejales de PSOE y Ciudadanos se ha respondido que “éste es un contrato abierto a modificaciones que mejoren el servicio y que recojan el sentir de los vecinos”. MOCIÓN PODEMOS CASTILLO OCHARAN El grupo municipal de Podemos presentaba al Pleno una moción solicitando que “la Concejalía responsable de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento elabore un programa de visitas públicas, de al menos 4 días al mes en días y horas previamente señalados, tal como obliga la Ley de Patrimonio Histórico, para conocimiento y disfrute de la ciudadanía de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de Castro Urdiales, públicos y privados, y en especial del Castillo y Palacio de Ocharan. Que en el programa de visitas se incorpore el acceso público y gratuito durante todos los días de la parcela del terreno de 11.000 metros cuadrados de Ocharan, de propiedad municipal, así como un programa de mantenimiento y limpieza de dichas instalaciones, favoreciendo asimismo la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad”. Solicitaba también que “la Alcaldía, una vez elaborado el programa de visitas públicas y tras la aprobación de la comisión informativa competente, se negocie con los propietarios para establecer un calendario de visitas en el que se observe el mínimo legal que establece la Ley”. La moción ha sido rechazada al contar con el voto a favor de Podemos y PSOE, en contra de CV y PRC y abstenciones de PP y Ciudadanos. El concejal socialista, Pablo Antuñano, ha defendido que “hay que cumplir la Ley” y ha trasladado el “compromiso  de establecer un calendario de visitas a los BIC que sean visitables”, recordando que “la intromisión en la propiedad privada no está permitida cuando está habitada”. Carla Urabayen (PRC) ha recordado que “la propiedad de Ocharan está habitada” y entiende que ese mínimo de cuatro días de visitas al mes no obedece “cuando media causa justificada”. Sobre la posibilidad de abrir de forma permanente esos 11.000 metros cuadrados de jardines que son propiedad municipal, ha afirmado que “en el recinto hay arbolado único, estanques y murales de cerámica que si están conservados, es precisamente porque no está abierto de forma permanente”. Hacerlo “supondría un coste en vigilancia para que no haya destrozos” y no cree que el Ayuntamiento pueda realizar ese desembolso. Mónica Icaza (CV) ha dejado claro que “fue en la pasada legislatura cuando se instauraron las visitas acordadas con la propiedad del Castillo y, desde entonces, cientos de personas lo han disfrutado”. Considera que “el acceso debe de estar controlado, como lo está ahora por parte del técnico que se encarga de esas visitas guiadas una vez al mes”. Ha hablado de “buena relación con la propiedad del Castillo, que permitió firmar en 2018 un convenio que desbloqueo el expediente de los túneles de Ocharan”. Ha defendido que “las buenas relaciones se consiguen con respecto y reconocimiento, no con mociones que lo único que pretenden es romper esas relaciones”. La concejala del PP, Ana Urrestarazu ha apelado también a las buenas relaciones con la propiedad de este BIC y entiende que, “con esta moción se cierran vías y se va con la agresividad por delante”. Ha recordado que “de los 20 BIC que tiene Castro, sólo cinco son de propiedad privada y se pueden ver desde el exterior. No sé qué interés pueda tener, por ejemplo, ver las viviendas que alberga el edificio de Los Chelines”. Desde su punto de vista, “la moción viene a vestir una obsesión con el Palacio y Castillo Ocharan”. Sobre los 11.000 metros cuadrados municipales, “habrá que ver si conseguimos la fórmula para poder abrirlos al público”. La edil de Turismo, Rosa Palacio (Cs), ha insistido en que “hay que seguir dialogando con los propietarios para ver si se pueden hacer más visitas al mes y, al mismo tiempo, trabajar en una solución para los 11.000 metros de jardines municipales”. Al igual que hacía el PP, ha señalado que la mayor parte de los BIC del municipio son públicos y se ha referido a las reparaciones que se hicieron en su día para que “hoy, por ejemplo, tengamos a disposición los centros culturales Eladio Laredo y La Residencia”. Para terminar, Alberto Martínez (Podemos) sigue pensando que “una visita al mes es insuficiente”. Ha defendido que “cualquier acuerdo con la familia propietario tendría que ser a partir de las cuatro visitas al mes”. Ha querido responder a la afirmación del PRC sobre la necesidad de no abrir permanentemente los jardines por motivos de conservación y para evitar actos vandálicos. Entiende Martínez que, “por esa regla de tres, habrá que vallar también Santa María y que nadie se pueda acercar”. FIESTAS LOCALES El pleno de esta mañana ha acordado, por unanimidad, establecer el viernes 26 de junio (San Pelayo) y el lunes 30 de noviembre (San Andrés) como fiestas locales para 2020.