El candidato a la Alcaldía de Castro por el partido OlaCantabria, Javier Arcocha, ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Cantabria en la que habla de posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación al proyecto para la construcción de un auditorio teatro en el solar del antiguo cine-club Ágora. Señala al consejero de Obras Públicas, José María Mazón, al gerente de Gesvican, José Orruela, al exconcejal del PRC, Jesús Gutiérrez y al alcalde, Ángel Díaz-Munío. El propio Arcocha ha dado en Castro Punto Radio los detalles de esa denuncia en la que se  repasan todos los movimientos realizados en torno a esta actuación desde que, el 7 de julio de 2016, “se hace pública la reunión en Santander entre Mazón, Orruela y Gutiérrez”.  Tras ese encuentro, “se presenta a la prensa la idea de crear un edificio de oficinas municipales en los terrenos situados en las parcelas 5,7 y 9 de la calle Ardigales”. Por ese motivo, desde OlaCantabria dan a esas tres personas “el valor de promotores políticos de la actuación”. Una vez consensuado con CastroVerde que lo que finalmente se ejecutará en esos terrenos será un teatro, “en mayo de 2018, la empresa pública Gesvican presenta los planos e infografías del anteproyecto a desarrollar en ese solar”. Hace alusión Arcocha a que “en dichos planos, se observa que en la parcela número 9 de la calle Ardigales, se procede a dar servidumbre de paso a unos sótanos contiguos que no tienen acceso”. Sótanos que “como consta en el Registro de la Propiedad, son de las hermanas del promotor político Jesús Gutiérrez Castro”. Es por ello que Arcocha cree que se trata de un presunto delito de tráfico de influencias al dar esa servidumbre de paso, “ya que existe una relación personal de amistad política entre los tres promotores y hay una resolución beneficiosa económicamente para la familia de uno de dichos promotores”. Recuerda Arcocha que, “en estos momentos, los sótanos de 281 metros cuadrados” no disponen de una entrada legal, lo que conlleva que el precio de dichos sótanos sea casi nulo, cambiando su valor económico de manera astronómica al tener un acceso regulado y reglamentado”. Al hilo de todo este asunto, y haciendo un repaso por los acontecimiento en torno a la concesión de esta servidumbre de paso, Arcocha alude a que “el 12 de julio de 2018, se procede a la firma del convenio entre el Ayuntamiento y Gesvican, siendo firmantes el alcalde de Castro y el consejero José María Mazón”. Se pregunta OlaCantabria “cómo es posible que meses antes de la firma de ese convenio, Gesvican ya reflejara una entrada y servidumbre de paso a los sótanos”. Menciona también Arcocha cómo en el pasado pleno de febrero, se aprueba, con los votos a favor de CastroVerde y PRC, la cesión a Gesvican de los terrenos para construir el auditorio teatro. “Al día siguiente, se presenta en el Ayuntamiento la maqueta y los planos del concurso de ideas realizado para el diseño del edificio. En dichos planos vuelve a aparecer esa servidumbre de paso, cediendo terreno municipal del número 9, para crear una rampa de acceso al subsuelo”. En este sentido, también cree OlaCantabria que “podría haber una presunto delito de prevaricación por la pérdida de suelo de propiedad municipal a cota cero para dejar acceso a una rampa para bajar a dichos sótanos”. No entiende OlaCantabria “cómo es posible que el ganador de ese concurso de ideas, una empresa de arquitectos de Pamplona, refleje esa servidumbre y quién les da la orden para ello”. Cree Arcocha que, “ante la próxima finalización de la legislatura autonómica, se está precipitando la tramitación de este expediente”, ya que “después de que el Ayuntamiento levante escritura de propiedad de esas parcelas 5, 7 y 9 a favor de la Consejería de Obras Públicas para que construya el teatro, el Gobierno de Cantabria tendrá el derecho y el poder de crear esa servidumbre de paso de forma legal”. Cuando reviertan al Ayuntamiento esos terrenos en 2040,  “tendrán ya esa carga de servidumbre de paso”. En la denuncia ante la Fiscalía, Arcocha pide, por otro lado, que se investigue un posible delito de prevaricación del alcalde de Castro, Ángel Díaz-Munío. En este caso, se alude al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria en noviembre de 2001. En su capítulo II señala que “a efectos de agrupación de parcelas, no se permitirá agrupar más de dos y, en ningún caso, el lindero frontal resultante superará los 12 metros”. OlaCantabria resalta que “no se ha respetado esta normativa, ya que en el convenio firmado se agrupan tres parcelas y se sobrepasa el lindero frontal. Tampoco se cumple la normativa de régimen de protección arqueológica”. Pide Arcocha que se investigue ese posible delito de prevaricación por parte del alcalde, “al firmar el convenio y proponer la cesión de las parcelas al Gobierno de Cantabria pese a esta normativa”.