La Fiscalía y la Junta Vecinal de Santullán, únicas partes acusadoras en el juicio de ‘La Loma’, sobre irregularidades en el desarrollo urbanístico de esta zona, han defendido la instrucción realizada por el entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, frente a la nulidad de todo el procedimiento que han solicitado las defensas por «irregularidades, actitud inquisitiva y falta de imparcialidad» del juez instructor, según informa Europa Press.

La fiscal, Pilar Santamaría, ha eludido pronunciarse sobre la segunda petición de las defensas, -la expulsión de la Junta Vecinal de Santullán como acusación particular por falta de legitimación-, si bien ha lanzado varios reproches a esta parte, y ha insinuado que la mueven «intereses partidarios», al no reclamar responsabilidad civil solidaria al Ayuntamiento, que es «quien realmente es solvente» para afrontar las indemnizaciones por el derribo de viviendas.

Así ha concluido la segunda sesión de cuestiones previas celebrada este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que ha citado a todas las partes a una nueva sesión el próximo martes, 26 de noviembre, en la que la sala se pronunciará sobre las peticiones de las defensas.

Manteniendo la unidad de estrategia de la semana pasada, los letrados que han intervenido este martes, entre ellos los de los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, han vuelto a acusar al juez Acayro Sánchez de realizar una investigación «prospectiva» y de abrir una «causa general» sobre la actuación del Ayuntamiento, partiendo de una denuncia de la Junta Vecinal de Santullán por «una zanja en un camino», dando lugar a «más de diez años de instrucción con 100 tomos y 60 anexos».

La denuncia fue del alcalde pedáneo, Julián Revuelta (en aquel momento en el PSOE, que sigue hoy en día al frente de la Junta Vecinal y también es concejal del PRC en el Ayuntamiento), contra el alcalde Fernando Muguruza (PRC), que entonces estaba aforado por ser diputado regional, y el concejal de Obras, Salvador Hierro (IU).

La fiscal se ha posicionado en contra de la petición de nulidad de la instrucción porque aunque el origen de la causa fue una denuncia, «nada impide que en el curso de la investigación se incorporen nuevos hechos, sin que por ello se considere una causa prospectiva». En su opinión, «ni se ha vulnerado el derecho de defensa ni el derecho a un juez imparcial».

Por su parte, la abogada de la Junta Vecinal ha destacado que cuando se interpuso la denuncia, Acayro Sánchez, «ese juez que las defensas dice que se ha irrogado de forma arbitraria la investigación de la corrupción en Castro Urdiales», ni siquiera estaba todavía en el Juzgado nº 2, sino que la instrucción la inició otro juez.

Aunque ha reconocido que «pudo haber alguna diligencia desorbitada», ha afirmado que la instrucción de ‘La Loma’ «no pasará a los anales de la historia como la mejor» instrucción, pero «por un problema de carencia endémica de medios» de la Administración de Justicia, «no de investigación prospectiva», ha puntualizado.

Sobre la posición procesal de la Junta Vecinal de Santullán, la fiscal ha defendido que el Ministerio Público es «el único garante del interés social» y «sabe a qué mandato responde y qué interés le mueve, el de la legalidad». Ha recordado que cuando el pasado 1 de octubre anunció la modificación del escrito de acusación –en el que retiró los cargos a 39 de los 45 acusados y «contrajo» la causa al SUNP 12–, dijo que era una decisión tomada «de común acuerdo con todas las acusaciones».

«No será el Ministerio Fiscal quién valore qué motivación» le mueve para modificar su escrito de acusación sin hacer mención expresa» a ese acuerdo y afirmar que debía conocer los términos del mismo», ha reprochado la fiscal a la letrada de la Junta Vecinal, Yolanda Merino.

A la vez, ha señalado que debe ser la Junta Vecinal la que explique qué motivación le hace dirigir determinadas acciones contra determinadas personas y contra otras no; y por qué manifiesta defender sus intereses patrimoniales pero excluye la responsabilidad civil solidaria de quien realmente sería solvente». «Quizás por la imbricación y sucesivos intereses de la Junta Vecinal con el Ayuntamiento, intereses partidarios», ha apostillado.

Por su parte, la abogada de la Junta Vecinal ha defendido que la personación de la entidad menor en esta causa no responde a «ningún espúreo interés particular o político», sino que está suficientemente acreditado que existen intereses legítimos». Y no sólo eso, sino que ha argumentado que la legitimación es «doble» porque una Junta Vecinal que «tiene 1.000 años de historia», ha dicho, «también está para la defensa del interés público».

«Trataremos de que la Fiscalía cambie su criterio y apoye la acusación de la Junta Vecinal», ha señalado Merino, quien ha vuelto a reivindicar la titularidad de los caminos rurales que el Ayuntamiento reclama como suyos. Y ha puntualizado que la Junta Vecinal no acusa al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario porque perjudicaría a todos los ciudadanos del municipio.

Pese a esta afirmación, el letrado del Ayuntamiento de Castro, Alex Andía, ha argumentado que la acusación de la Junta Vecinal contraviene el principio de «lealtad institucional» y perjudica «muy seriamente» los intereses del Consistorio y con ello los de todos los castreños.

Y ello por adherirse a la petición de la Fiscalía de nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, el proyecto de compensación, el proyecto de urbanización y las licencias de obras concedidas; así como la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), en particular de las que están en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8 (11).

Aunque la Junta Vecinal no pide la responsabilidad civil solidaria del Ayuntamiento, sí lo solicitan tanto la Fiscalía como Altamira Santander Real Estate, titular de las 46 viviendas, que cuantifica el daño en 1,65 millones de euros si se declara la nulidad de la licencia de edificación de las viviendas construidas hasta la fecha; 31,1 millones si se declara la nulidad del plan parcial y los proyectos de urbanización y de compensación; y 24,5 millones si se da este último supuesto pero la mercantil mantiene la titularidad de las fincas de aportación.

La Junta Vecinal reclama para sí una indemnización de 204.000 euros por la ocupación de 1.595 metros cuadrados de caminos de su propiedad. De aceptar la sala la falta de legitimación de Santullán, que ha presentado cargos contra 11 personas, únicamente quedaría como acusación la Fiscalía, que solo mantiene los cargos contra seis de los 45 acusados iniciales.